La Junta de Gobierno acata una sentencia que obligará a pagar 32.000 euros más intereses a una mercantil por un trámite urbanístico
Francisco Reyes Prieto (“La Verdad” 23.1.2016)
La ausencia de la portavoz habitual de la Junta de Gobierno Local, Fanny Serrano, quien se encuentra en Fitur en su condición de edil de Turismo, ayer fue el primer teniente de alcalde, Pablo Samper, quien dio cuenta de la reunión de este órgano celebrado durante la mañana. Entre los principales puntos tratados destacó el hecho de que no se vaya a tomar en consideración la moción presentada por el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Eduardo Dolón, relativa a la eliminación de los políticos de las mesas de contratación. En la moción también se pedía que la asistencia a estas sesiones fuera pública. Pablo Samper explicó que existen criterios técnicos que hacen que esta propuesta no se adecue a ley. También indicó que, desde el punto de vista político, «el problema no son los políticos en sí ya que, -para Samper-, su presencia es casi testimonial».
Por otro lado la Junta de Gobierno también dio de si la puesta en marcha del contrato para la adquisición de banderas y mástiles, al tiempo que se acató una sentencia de Tribunal Superior de Justicia que da la razón a una mercantil que se querelló contra la Concejalía de Urbanismo por un reajuste en las reglas de valoración, debiendo pagar el Ayuntamiento ahora 32.000 euros más los intereses que se han devengado durante el periodo en el que se ha dilucidado este trámite judicia
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