Se acordó por unanimidad la devolución de una fianza de 300.000 euros a dos mercantiles que impulsaron un proyecto en suelo no urbanizable
Álbum, pinchando sobre la foto
F. Reyes (Publicado en “La Verdad”, el 29.7.2016)
La sesión plenaria del Ayuntamiento torrevejense correspondiente al mes de julio, que se celebró ayer, aparentemente iba a tener más de trámite que otra cosa, dado que el orden del día estaba compuesto tan solo por seis puntos. Finalmente resultó ser todo lo contrario, a juzgar por los largos debates e intervenciones tanto de los miembros del gobierno como de la oposición y por las numerosas preguntas y ruegos que presentaron tanto los ediles del grupo municipal del PP, como de la portavoz del grupo Ciudadanos. Uno de los momentos de mayor tensión de la sesión tuvo lugar cuando casi al final de una de las intervenciones del portavoz del grupo del PP, Eduardo Dolón, al ser advertido por el alcalde de que debía finalizar, gran parte del público pidió que continuase y respondió con un aplauso. En ese momento el alcalde anunció que desalojaría de la sala a todas aquellas personas que se habían pronunciado. Ante la falta de agentes de la Policía Local en el salón detuvo la celebración de la sesión durante aproximadamente diez minutos, tiempo en el que todas las personas guardaron un absoluto silencio, hasta que llegaron varios agentes policiales, a los que el primer edil ordenó que estuvieran atentos a las reacciones del público con la advertencia de desalojo.
Tras este altercado, el alcalde ya no permitió que el edil popular continuara con su intervención «porque se ha excedido de tiempo», aunque anteriormente había sacado a colación la situación de cierre de la Casa de la Tercera Edad de la calle San Pascual por deficiencias de seguridad y de contaminación ambiental, a la que se permitió el acceso el pasado 26 de junio como colegio electoral. A esta cuestión contestó la edil de Urbanismo, Fanny Serrano, quien mostró el expediente relativo a esta dependencia municipal y dijo que Dolón como anterior alcalde «debe conocer que hay muchas denuncias sobre estos locales e incluso de la Policía Autonòmica y no es lo mismo abrir el centro que permitir una votación durante unas horas».
Los grupos del PP y C’s realizaron una larga batería de preguntas al final de la sesión
Por otro lado y por unanimidad de todos los concejales fue aprobada la devolución de una fianza de 300.000 euros a dos mercantiles que en el año 2007 promovieron el proyecto de crear una planta de reciclaje y un centro comercial en la carretera de San Miguel -La Marquesa. El proyecto, como explicó la edil de Urbanismo recibió la aprobación del pleno a la reclasificación de 288.000 metros cuadrados de suelo cercano a la laguna salinera y por tanto al Parque Natural, por lo que desde la Generalitat fue revocada dicha autorización, trámite que se ha ido demorando con el paso de los años y que ayer quedó cerrado.
El Pleno también abordó un escrito de Alcaldía sobre el número de puestos de trabajo reservados a personal eventual, en el que el concejal del PP, Luis María Pizana, señaló que con 23 personas, la cifra, aunque sin salirse de los límites legales, «es superior a lo que comprometían los distintos grupos del pentapartito». Por su parte el concejal de Izquierda Unida, Víctor Ferrández, matizó que cuatro de los funcionarios eventuales se encuentran desarrollando labores de apoyo a la administración, así como que el asesor que tiene su grupo «fue elegido por igualdad de méritos y capacidad». La sesión también contó con una larga batería de preguntas tanto del grupo del PP como de Ciudadanos que se prolongó durante más de una hora y media.
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