Objetivo Torrevieja

Más de 150 personas recorren en una marcha reivindicativa los caminos públicos cerrados por un terrateniente en el Valle de Manzanedo.

Álbum, pinchando sobre la foto

Varias organizaciones y activistas que integran la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se reunieron el fin de semana pasado en Soncillo (Burgos) para denunciar el cierre de los caminos públicos en todo el país. En concreto, el sábado más de 150 personas participaron en una marcha revindicativa en el Valle de Manzanedo para denunciar el cierre de las vías públicas en esta zona.
La PICP ha elegido este año el norte de Burgos para celebrar sus XI jornadas debido a la usurpación por parte de un terrateniente de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco, que niega el acceso a los caminos públicos, la iglesia y cementerio de estas pedanías en el Valle de Manzanedo.
En esta marcha revindicativa, los más de 150 activistas contra el cierre caminos públicos llegaron de todos los puntos de España recorrieron algunos de los caminos que el propietario tiene cerrados y vallados durante todo el año impidiendo el libre paso. Escoltados por la Guardia Civil, los activistas pudieron acceder a la zona y comprobar cómo los dos pueblos están vallados, mientras que el cementerio y dos Iglesias (bienes públicos) han sido ocupados. Una de las asistentes a la marcha, nacida en uno de esos municipios, relató cómo fue amenazada en una ocasión por los guardas de seguridad que custodian ahora la finca ubicada en Fuente Humorera y le impidieron el paso para visitar la tumba de sus abuelos.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos denuncia estos hechos y pone de manifiesto que no son cierres puntuales, sino que el problema del cierre nuestros caminos se repite en todo el país, como así constataron los ejemplos que aportaron las 17 asociaciones que integran la PICP en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco, entre otras comunidades.
Estas jornadas han contado con técnicos para la elaboración de inventarios de caminos públicos en los ayuntamientos, alcaldes de municipios del norte de Burgos, abogados de Ecologistas en Acción, representantes del Gobierno autonómico de Baleares -donde se está tramitando la primera ley de caminos públicos- y representantes del Parlamento de Andalucía -donde se acaba de aprobar una normativa sobre senderos públicos en esta comunidad-.
Los portavoces de las asociaciones en defensa de los caminos han expuesto el problema en cada uno de sus territorios, donde el acceso a la naturaleza se está convirtiendo en algo imposible.
Así, “Salvemos Lo Ferrís” explicó que el “muro de la vergüenza” que la empresa propietaria de una parte del palmeral ha construido en la zona estaría usurpando la cañada real de la costa. Esto fue lo que llevó al Ayuntamiento a abrir la revisión de la licencia de obra del vallado y a pedir a la Conselleria un nuevo informe, concluyendo que el muro corta la cañada real (de 75 metros de anchura) y que el tipo de vallado no era el adecuado al no permitir el libre paso de la fauna. Pos todo ello, la Conselleria recomendaba al Consistorio retranquear el muro al menos 37,5 metros, de forma cautelar hasta que se produjera el deslinde de esta vía pecuaria.
Finalmente, esto motivó que el Ayuntamiento pidiera a la comunidad autónoma el deslinde de la cañada real a su paso por Ferrís. Al mismo tiempo, el plan de rescate del litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel), que se está tramitando, protege Ferrís al considerar que es “una ventana al mar” y un corredor ecológico entre la costa y los parques naturales de las lagunas de Torrevieja y La Mata. Este plan también concibe las vías pecuarias como bienes culturales.
Las asociaciones contra el cierre de caminos públicos denuncian además la falta de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas, incluso la complicidad con los grandes propietarios en estas prácticas ilegales. La PICP solicita a los ayuntamientos la realización de inventarios y ordenanzas de los caminos públicos y actuar de oficio -y de forma inmediata- cuando un particular cierra el paso a un camino.
Además, se pide la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias en cada comunidad autónoma para evitar su usurpación. La PICP recuerda que la ley señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Estos hechos también van en contra de lo que la propia Constitución española dice en su artículo 45, y todo esto ante la falta de actuación de las administraciones públicas.
El mundo rural se enfrenta a una ocupación sin precedentes de los caminos públicos, vías pecuarias, sendas y montes por parte de grandes propietarios privados que usurpan un patrimonio natural y cultural de todos.
Por ello, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos pide a las administraciones y al Gobierno actuar para proteger nuestros caminos y garantizar el disfrute de la naturaleza y el paisaje de estos bienes culturales y su acceso público para toda la ciudadanía.

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