Objetivo Torrevieja

La plataforma opina que la empresa pudo incumplir reiteradamente su obligación de demostrar que el tipo de vallado sería compatible con la libre circulación de fauna silvestre; finalmente no lo es.

El muro de Lo Ferris. (Foto: Joaquín Carrión)

“Salvemos Lo Ferrís” ha tenido acceso al expediente de la licencia de obra del “muro de la vergüenza” y contempla varias irregularidades que, en su opinión, anularían el permiso. Dentro del proceso de revisión, que el Consistorio abrió en agosto, la plataforma ha presentado sus alegaciones para que se anule la licencia y se proceda a la retirada del vallado.
Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el paraje del palmeral y pinar de Lo Ferrís, de carácter rústico y no urbanizable, se protege como elemento de interés científico ambiental, al mismo tiempo que contempla la singularidad de la arena fósil y de las palmeras.
El mismo plan indica que para cualquier edificación en el suelo no urbanizable, y en concreto en Lo Ferrís, se necesita realizar un estudio adecuado de vistas y ambientes previo.
Además, el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Autónoma, de 2006, recoge que “no se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión”.
En este caso no se ha realizado el estudio previo, lo que conllevaría un claro incumplimiento de la normativa vigente. De haberse hecho, como marca la ley y el PGOU, se hubiera detectado un profundo daño al paisaje: “Creemos que en la primera solicitud de obra menor se debería haber tenido en cuenta este estudio previo, y sobre todo en el vallado con hormigón era inexcusable aplicar la norma y haber cumplido con un estudio paisajístico”, alerta “Salvemos Lo Ferrís”.
La normativa vigente también obliga a realizar un estudio de las consecuencias que tendría la obra en el entorno, y asegura que “el Ayuntamiento desautorizará cualquier plan o proyecto que tienda a la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje y aquéllas que puedan alterar el equilibrio ecológico y el paisaje natural”. En opinión de la plataforma, “es obvio, viendo el daño causado, que se ha destruido en buena parte el ecosistema, afectando a elementos protegidos”.
Otro punto que anularía la licencia sería que el tipo de vallado, de un metro de alto de bloque de hormigón más una valla metálica de 1.5 metros, no es el adecuado. El decreto del Consell sobre vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos recoge qué características deben tener para “compatibilizar los objetivos de su instalación con la circulación de la fauna silvestre”.
Varias veces a lo largo del procedimiento el técnico del Ayuntamiento pide a los promotores de la obra la autorización de la Conselleria en cuanto a la adecuación del vallado, y en todas las ocasiones la empresa contesta lo mismo: que esta finca, rodeada íntegramente de suelo urbano, no es coto cinegético y que es un vallado parcial.
A juicio de la plataforma, la finca tiene la catalogación de suelo no urbanizable y como tal no importa que esté rodeada de suelo urbano y, aunque no sea coto de caza, el decreto establece que el vallado debe facilitar el movimiento de la fauna silvestre.
“Salvemos Lo Ferrís” opina que la empresa habría incumplido reiteradamente su obligación de pedir la autorización demandada. Además, el “muro de la vergüenza” equivaldría a una sentencia de muerte para muchas especies silvestres, ya que ese vallado no permite la libre circulación de flora y fauna, afectando el Lugar de Interés Comunitario, que incluye toda la costa, y la Zona Especial de Protección de Aves de las lagunas.
Conviene recordar que el informe técnico de la Conselleria de Medio Ambiente, que permitió al Consistorio revisar la licencia, concluía que el tipo de vallado no es el adecuado, ya que “debe permitir la libre circulación de la fauna silvestre”.

Invade la cañada real
Aunque los promotores de la obra consideren que la parcela es urbana por estar rodeada de suelo urbano, su clasificación es no urbanizable, por lo que se debe aplicar la norma pertinente, que indica que no podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías pecuarias u otros bienes de dominio público.
Hay que resaltar, como se explica en el expediente, que existe una cañada real clasificada en 1975 y en espera de que se inicie el deslinde. Esta vía pecuaria tiene el carácter de dominio público desde hace más de siete siglos, mucho antes que la presente compañía fuera propietaria de esos terrenos, y por lo tanto pertenece a la Comunidad Valenciana.
El informe de la Conselleria de Medio Ambiente también concluía que “se puede constatar que la vía ha sido cortada por el murete construido en la zona”.
Por ello, la plataforma pide a la Administración que realice cuanto antes el deslinde parcial de la cañada real, desde Lo Ferrís hasta Punta Prima.
En el expediente se recoge un escrito, de 24 de febrero de 2014, en el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autoriza a realizar la obra menor, que era un cerramiento del lado norte y oeste, y especifica que no implica cesión de dominio público. La autorización también deja claro que el titular será responsable de los daños que se puedan ocasionar al dominio público, y añade que, si se produjeran, la licencia podrá ser revocada en cualquier momento sin derecho a indemnización. “Salvemos Lo Ferrís” considera que se ha producido un daño al dominio público, como es la ocupación de la cañada real costera.
El mismo permiso advierte de que si se realizaran obras distintas de las que se autorizan, quedaría anulada. La plataforma cree que se precisaba una licencia de obra mayor para construir un vallado que iba a mover las tierras para hacer zanjas y al ser un proyecto que necesitaba un responsable de obra. Finalmente, el Ayuntamiento podría anular la licencia porque no era una obra menor sino mayor y se debió comenzar desde cero al modificar sustancialmente el proyecto: “El procedimiento ha sido complejo, comenzando por una petición de vallado en las caras norte y oeste con malla simple; después añadir el mismo tipo de valla en el lado este y sureste, para acabar al final con un cambio al pedir transformar el vallado simple en uno complejo con hormigón”, explican las alegaciones.
Por último, la plataforma considera que ha habido un daño severo a las palmeras. La excavación de zanjas ha afectado a sus raíces, con el incremento de posibilidades de que se caigan y mermando su capacidad de sobrevivir. Por todo ello, podría haber un delito ambiental por parte de la empresa. La plataforma está estudiando presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Pero no sólo eso, sino que las zonas verdes, incluyendo las privadas, en Torrevieja deben cumplir con una norma que obliga a los propietarios a cuidarlas adecuadamente: “El Ayuntamiento debería estudiar el ciudado de este palmeral y sancionar el abandono crítico en el que se encuentra”.

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