Objetivo Torrevieja

La Primera Teniente de Alcalde, Fanny Serrano, ha informado en rueda de prensa del comunicado del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrevieja, que tramitó las diligencias previas número 936/13 por presunto delito de malversación de caudales públicos derivados del uso de líneas de teléfono móvil pagadas por el Ayuntamiento para usos privados por parte de concejales y asesores dEl Juzgado de Instrucción ha comunicado al Ayuntamiento el archivo de la causa y la posibilidad de acudir a la vía administrativa para recuperar los importes correspondientesel Partido Popular en el mandato anterior.
El juzgado archivó esta causa penal porque el tipo penal vigente exige, para considerar este tipo de conductas como un delito, que se produzca un grave quebranto para el erario público. Al tener el Ayuntamiento de Torrevieja un presupuesto de cerca de 100 millones de euros y al ser la partida destinada al gasto de telefonía móvil de casi de 500.000 euros las conductas de las investigados no cumplían los requisitos. Es decir, las cuantías globales de los usos privados de los teléfonos móviles públicos no ascendían a cantidades suficientes para tener entidad delictiva.Sin embargo, Serrano ha dicho que el juzgado “ha remitido al Ayuntamiento de Torrevieja, que no formó parte del procedimiento penal a pesar de los continuos requerimientos que los entonces miembros de la oposición realizaron para que se personara como parte perjudicada”. El citado comunicado dice “por si en vía administrativa procede el cobro de las cantidades a que ascendieron los gastos de teléfono pagados por el Ayuntamiento, para uso particular, realizados por los investigados en la causa tramitada ante el juzgado”. Serrano ha recordado que los investigados fueron Daniel Plaza Montero, David Graham Knight, José Manuel Pizana Boj, José Eduardo Gil Rebollo, actualmente concejal, José Javier Montoro Gómez y Juana López Carmona”.
La edil ha indicado que “siguiendo las instrucciones del juzgado hemos procedido a iniciar el correspondiente expediente administrativo para conseguir resarcir al Ayuntamiento de los gastos realizados indebidamente por los investigados. Ahora habrá que analizar las facturas de ese periodo, cuantificar la deuda y en el caso de aquellos que realizaron devoluciones compensarlos, si fuera necesario”.
Serrano ha manifestado que “en su momento ya dijimos que no era importante la cuantía defraudada sino la irresponsabilidad política y moral de hacer uso privado de un bien público, de un dinero público. Sólo dimitió Daniel Plaza y lo hizo por el plus de la naturaleza sexual de las llamadas privadas que realizaba. El entonces alcalde, Eduardo Dolón, tampoco cesó a los asesores implicados”.
Igualmente, se ha referido al actual equipo de gobierno para asegurar que “todos los concejales nos pagamos nuestro móvil, sin cargar ni un céntimo de euro a las arcas públicas a pesar de que la mayoría de las llamadas que realizamos son por nuestros cargos públicos”.

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