Cuatro familias residen en este inmueble con capacidad para otras seis que podrían llegar en los próximos días mientras se negocia un alquiler social
F.Reyes / La Verdad
Los movimientos de Stop Desahucios de localidades como Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada, Almoradí y San Javier, junto a la PAH torrevejense se dieron cita ayer en la ciudad salinera. El motivo era mostrar su apoyo a las personas que residen en un viejo edificio tras quedarse sin un lugar en el que vivir y haberlo ocupado para cobijarse.
Cuatro familias residen desde hace varios días en un edificio abandonado situado en la calle Caballero de Rodas, en la zona de la Playa del Cura, que ha sido rehabilitado por los miembros de la plataforma local Stop Desahucios, según señalaron sus coordinadores Antonio Padilla y Desiré Montero.
El inmueble fue construido por una promotora que en estos momentos se encuentra en proceso concursal de acreedores, y del que también forma parte la financiera de SabadellCAM. Con esta entidad se encuentran negociando los miembros de la plataforma después de que haya estado deshabitado durante seis años, «con las puertas abiertas y sin ninguna custodia», según afirman los portavoces del colectivo salinero.
De hecho, según indicó Antonio Padilla, el edificio «ha sido saqueado y se han llevado todo lo que se puede vender». A pesar de los hechos, el trabajo de los voluntarios y las aportaciones de simpatizantes han conseguido adecentar las primeras cuatro viviendas de las doce que forman el inmueble para que familias sin techo puedan vivir en él.
Según explicó Montero, las tres familias que se han alojado por el momento, algunas de ellas con niños a su cargo, pasaban por un trance difícil. Una de ellas estaba viviendo en un coche, otra tuvo que abandonar la vivienda que utilizaban por no poder pagar un alquiler de trescientos euros, y la última «nos la ha derivado la propia Iglesia», afirmó.
Ante esta situación medio centenar de personas se concentró ayer a las puertas del edificio, entre los que se encontraban los abogados de la plataforma, Pedro Andújar y Laura Frutos, quienes señalaron que «se ha optado por la alternativa de la vía de hecho, con el fin de provocar un procedimiento judicial». Por su parte, seis agentes de la Guardia Civil inspeccionaron piso por piso para identificar a los ocupantes del bloque hasta ahora deshabitado.
La plataforma se encuentra en vías de negociación con la financiera para encontrar una salida legal a esta situación, que podría traducirse en la formalización de un alquiler social «en función de los ingresos que reciba cada familia», hecho que llena de esperanza a todos los miembros de Stop Desahucios que ayer se mostraron satisfechos con la medida.
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