Objetivo Torrevieja

El Decreto Ley/2017, de 20 de octubre, pretende agilizar los trámites y ejecución de las infraestructuras siempre y cuando la estructura y funcionamiento de los Ayuntamientos permita esa agilización. En cualquier caso la Generalitat seguiría asumiendo los costes de los centros-. El colegio Amanecer queda excluido de este Decreto

Reunión en Valencia decreto de educación

Torrevieja estudiará la conveniencia de adherirse al Decreto Ley/2017, de 20 de octubre, del Consell por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, la ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat, que tiene como objetivo agilizar los trámites de los mismos cuando sea posible. Así se desprende de la reunión que el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, acompañado de los concejales de Urbanismo y Educación, Fanny Serrano y José Hurtado, respectivamente, manutuvo durante el día de ayer con el subdirector general de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana y con técnicos de ambas administraciones.
“Nos convocó la propia conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte con el objetivo de explicar y clarificar el contenido y el mecanismo de aplicación en caso de adhesión de este Decreto y ahora tenemos que estudiar si realmente serviría para agilizar los procesos que hay pendientes como el del CEIP Inmaculada”, ha dicho el alcalde, mientras que la edil de Urbanismo matizaba que “el Decreto no comporta ninguna clase de obligatoriedad a la hora de asumir competencias que son de conselleria, sino que es un instrumento que podría agilizar los trámites y ejecución de determinadas actuaciones en infraestructuras educativas, siempre y cuando los propios Ayuntamientos piensen que aquella agilización es efectivamente posible”. En cualquier caso, la financiación seguiría corriendo, de manera íntegra, a cargo de la administración autonómica.
“El colegio Inmaculada ha sido el ejemplo con el que se ha planteado esta cuestión. El Ayuntamiento”, ha explicado el concejal de Educación, quien después de escuchar por parte de conselleria que es una infraestructura prioritaria y que si el Ayuntamiento lo ve conveniente podría entrar dentro del procedimiento establecido en el Decreto, ha transmitido precisamente sus dudas acerca de que si se asumiera el decreto por parte del Ayuntamiento el procedimiento y las obras se ejecutarían de manera más ágil, “sobre todo teniendo en cuenta la situación actual de los departamentos municipales, debido a las políticas de recortes del Gobierno del PP y a los importantes contratos que actualmente se llevan a cabo a través de los recursos humanos con los que se cuentan”, ha dicho Hurtado. Por tanto, y aunque no se ha tomado una decisión definitiva, “está claro que, ya sea por parte de conselleria que tiene las competencias y los recursos –que es lo más probable que termine pasando-, ya sea por parte del Ayuntamiento, el Colegio La Inmaculada está entre las prioridades a acometer en breve”, ha asegurado.
También ha quedado meridianamente claro, desde el primer momento, que la construcción del Colegio Amanecer queda excluida de este decreto y que, por tanto, conselleria continúa manteniendo la línea presupuestaria y todos los demás elementos administrativos, humanos y materiales necesarios para cumplir su promesa de construcción prioritaria del colegio en los plazos más cortos posibles, “una vez que el Ayuntamiento proceda a aprobar definitivamente la modificación 105 del PGOU que actualmente está en período de publicación desde su aprobación inicial. Esa aprobación definitiva -que conllevará posteriormente el correspondiente informe o certificado de viabilidad por parte de conselleria, así como el proyecto y ejecución de urbanización que le compete al Ayuntamiento-, se producirá a lo largo de la penúltima o última semanas del mes de enero de 2018”, ha dicho Serrano.
“El resto de infraestructuras serán sometidas a estudio por parte del gobierno y, especialmente, por los departamentos de Educación, Contratación y Hacienda para valorar si es conveniente o no adherirnos al Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre del Consell”, ha concluido el alcalde.

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