“Salvemos Lo Ferrís” defiende que sus declaraciones no constituyen delito sino que son un ejercicio legítimo de derecho a la libertad de expresión
Después de que la empresa propietaria de una parte del palmeral interpusiera una querella criminal por calumnias a un miembro de “Salvemos Lo Ferrís”, el juzgado ha determinado que “los hechos investigados pudieran constituir un delito”, por lo que ha notificado al querellado “la apertura de juicio oral por el delito continuado de calumnias”.
Según el escrito, “se deduce indiciariamente que el investigado, con conocimiento de su falsedad, y desde que la mercantil realizó un vallado perimetral no ha dejado de verter comentarios en los que la acusa de cometer hechos delictivos”.
En este punto, “Salvemos Lo Ferrís” afirma que todas sus declaraciones se han basado en evidencias y en la normativa vigente: “Siempre hemos actuado con prudencia y ateniéndonos a los hechos; en ningún momento hemos dicho algo a sabiendas de que fuera falso. Para que haya delito de calumnia se tiene que probar que se dice una falsedad a conciencia. Lejos de cualquier ánimo difamatorio, llevamos a cabo la reivindicación del paraje que históricamente ha sido de uso público”.
El auto del juez habla de supuestos delitos como denunciar la ocupación ilegal de una parte de la cañada real, muro de la vergüenza y especulación urbanística, “acusando al querellante de provocar el abandono y degradación de la cala y el palmeral desde hace décadas”.
“Que el muro corta parte de la cañada real no lo dice sólo “Salvemos Lo Ferrís”, sino el propio informe técnico de la conselleria, que indica además que el tipo de vallado no es el adecuado para el libre tránsito de la fauna; entendemos que esto contribuye a la degradación de la zona, que ya de por sí es palpable a simple vista. Sólo hay que echar un vistazo al estado de las palmeras, tanto las que están en terreno privado como en el público”.
En cuanto a la especulación urbanística, conviene recordar que cuando la protección de Lo Ferrís iba ganando peso en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) la empresa propuso al Ayuntamiento la cesión del palmeral a cambio de que le dejara construir en la zona colindante a la carretera.
La notificación también especifica que el querellado “acusaba a la parte querellante de haber realizado mediante el vallado una infracción tipificada en el código penal, en concreto, de los delitos de usurpación y daños”. Esta afirmación se refiere a una información que “Salvemos Lo Ferrís” difundió haciéndose eco de las declaraciones que realizó un fiscal medioambiental en el transcurso de unas jornadas universitarias de debate, análisis y reflexión. Y así se explicó en la nota de prensa de la plataforma.
Por todo ello, el juez establece como medida cautelar una fianza de 6.666,66 euros que el acusado debe prestar “para asegurar las responsabilidades pecuniarias”.
Según “Salvemos Lo Ferrís”, es una cantidad excesiva teniendo en cuenta los hechos de los que se le acusa y lamenta que no se haya tenido en cuenta la solicitud de sobreseimiento de la causa presentada por su abogado, que considera que “los hechos denunciados carecen de relevancia penal, constituyendo un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, un derecho fundamental que recoge el artículo 20 de la Constitución”.
“Nos encontramos en un supuesto en que se produce una colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Está claro que nos encontramos ante una polémica de interés público, sin que se hayan excedido los límites de la libertad de expresión”, insiste la plataforma, que añade: “Nuestras críticas no son aisladas, sino que se enmarcan en el contexto de una polémica pública en torno a la regularidad de la licencia de vallado, que no tuvo en cuenta que sobre dichos terrenos discurría el trazado de una vía pecuaria, la Cañada Real de la Costa, de tal manera que el muro lo interrumpe, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento revisara de oficio la licencia concedida y a incoar un expediente de deslinde de dicha vía pecuaria, bien de dominio público autonómico”.
En opinión de “Salvemos Lo Ferrís”, “es una querella contra uno de sus miembros pero también es un ataque a la libertad de expresión de todo un pueblo, así como a la cultura, el paisaje, la tradición y la identidad de Torrevieja. No hay que olvidar que el paraje se usa como emblema en las ferias de turismo”.
Asociación
Ante el temor de más represalias, la plataforma ha decidido inscribirse en el registro de la Comunitat Valenciana como Asociación Salvemos Lo Ferrís, que tiene entre sus fines “la protección del libre tránsito por caminos, sendas y demás elementos del patrimonio público que nos permiten disfrutar del medioambiente; información en valores naturales, culturales y relacionados con el uso público del medio; la protección de la fauna y la flora autóctona; el desarrollo sostenible y conservación del paisaje en su estado natural, y la protección de elementos de la arquitectura tradicional”.
Sus acciones, entre otras, serán las de denunciar la usurpación y el cierre de caminos públicos y vías pecuarias, voluntariado en el terreno medioambiental, edición y divulgación de rutas de senderismo, organización de cursos y conferencias y elaboración de publicaciones.
Podrán formar parte de la asociación todas las personas físicas y jurídicas que tengan interés en el desarrollo de estos fines. “Salvemos Lo Ferrís” anima a todos los interesados a que se inscriban: “Juntos seremos más fuertes”.
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