Serna: “Se necesita voluntad inequívoca de acuerdo por parte del alcalde Eduardo Dolón con los propietarios a fin de conservar el ecosistema del paraje”
Cala Ferris – Torrevieja
Unión, Progreso y Democracia en Torrevieja ha mostrado su preocupación por la necesidad de protección legal y conservación del paraje lo Ferris, que conforma un excepcional patrimonio medioambiental paisajístico con un valor incalculable. La formación por la regeneración democrática pide que se haga un análisis serio y riguroso de todo el paraje y realizar la protección de flora, fauna, palmeral, dunas y cala con todo su frontal marino. Desde la formación magenta recuerdan la urgencia de alcanzar un acuerdo con los propietarios garantizando su seguridad jurídica y que permita dar al paraje un servicio público para los ciudadanos, así como convertir el lugar en una imagen atractiva para la localidad.El coordinador local en Torrevieja, José Serna, ha afirmado que “hay que implementar en el Paraje lo Ferris mayores políticas de protección, conservación y restauración del hábitat, para que pueda haber un desarrollo sostenible del suelo y el paisaje”. Para el coordinador de la formación magenta “el ayuntamiento de Torrevieja, con sus sucesivos gobiernos del PP, ha fracasado estrepitosamente con la urbanización masiva de la costa y la nula conservación medioambiental, pues no ha hecho nada en los últimos 20 años de mandato popular”. Serna ha explicado que “lo que no se pueden es hacer las cosas tarde y mal, esperemos que en breve puedan ser tratadas con biocidas las plagas y no afecte a más palmeras”. Para el coordinador en Torrevieja “es necesario alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas a fin de comenzar a aplicar medidas y que se pueda recuperar la zona”.
UPyD estima necesario acometer políticas que blinden la ley de costas para su conservación que puedan los ciudadanos disfrutarla durante generaciones. Desde la formación magenta recuerdan que las competencias de medio ambiente y gestión del territorio deberían ser exclusivas del Estado, retornando al propio estado Estado el Dominio Público Marítimo Terrestre cuyo carácter público debe blindarse reformando la Ley de Costas, cuyas competencias actuales pertenecen a las Comunidades Autónomas.
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