El grupo municipal ha presentado una moción donde sienta las bases de un proyecto de coordinación entre Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Local y el Juez Decano de Torrevieja
Salvador Ruso (TVT)
El fenómeno de las okupaciones ilegales es un problema de primer orden en todo el territorio nacional, especialmente en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Esta problemática, que afecta a 100.000 inmuebles en España también repercute en la ciudad de Torrevieja, socavando su buena imagen turística y siendo perjudicial para la atracción de inversión en viviendas de primera y segunda residencia.
Frente a la proliferación de la ocupación la Fiscalía General del Estado emitió hace cuatro años la instrucción 1/2020 sobre criterios de actuación para solicitar medidas cautelares en los delitos de allanamiento y usurpación.
Solo en los municipios en los que se han tomado medidas específicas se ha conseguido disminuir la ocupación, por lo que planteamos una propuesta de coordinación entre todos los actores del procedimiento: Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Local y Juez Decano de la ciudad de Torrevieja.
Se trata se sugerir, además, la creación de un archivo municipal para que los propietarios interesados puedan registrar la documentación de la vivienda firmada electrónicamente, así como un documento en el que se manifieste de forma expresa que dicha vivienda o inmueble es su morada, que no se encuentra cedida o subarrendada, y que tiene voluntad de solicitar la medida cautelar de desalojo de los ocupantes.
De esta forma, cuando se realice la inspección por parte de Guardia Civil o Policía Local al domicilio okupado, además de mostrarles esta documentación, el atestado podría recoger las circunstancias espacio-temporales en las que se haya producido la ocupación, la identidad y número de los posibles autores, su eventual estructura organizativa, la finalidad perseguida con la ocupación, y todas aquellas variables relevantes a fin de determinar la índole delictiva de los hechos y la calificación jurídica inicial. Además, exhortar a los presuntos autores del delito a comparecer ante el juzgado de guardia con la máxima celeridad para aportar el título que, en su caso, entiendan pueda legitimarles a poseer el inmueble en cuestión.
Concretamente, podría agilizarse este proceso gracias a los criterios establecidos en la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares de desalojo y restitución del inmueble en aquellos casos en los que se aprecien indicios de la comisión del delito de allanamiento o usurpación, y se verifique además la existencia de efectos perjudiciales para el propietario que razonablemente justifique la necesidad de poner fin a la situación ilegal antes de la terminación del procedimiento, restaurando así el orden jurídico vulnerado a la mayor brevedad posible.
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