Cinco empresas alicantinas denuncian un impago de unos 265.000 euros, pese a que han participado en un proyecto rentable de rehabilitación de dos urbanizaciones en San Miguel de Salinas que quedaron abandonadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Trabajadores sostienen las pancartas
Durante varios días, antes de empezar la jornada laboral, representantes y personal de cinco empresas alicantinas se reúnen en las inmediaciones de las urbanizaciones Los Alcores Villages I y II en San Miguel de Salinas, frente al cartel que promociona 126 viviendas en venta: “Un paraíso a tu alcance”.
Se venden paraísos que dejan en un infierno a estas pequeñas y medianas empresas acosadas por un impago de unos 265.000 euros que les supone una nueva estocada, entre muchas, tras varios años de recesión.
“Nos lleva a la ruina”, se lee en la pancarta que sostienen. Se refieren a la constructora Arys Diseño y Construcción SL, la encargada de contratarles para terminar estas viviendas inacabadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
“En Arys no imaginamos cómo sería una segunda oportunidad, la hacemos realidad”, describe en su web la también encargada de rehabilitar varios de los edificios inconclusos del que acabó conociéndose como Paco “El Pocero”, famoso por su ambicioso plan de inventar una megaciudad en medio de un secarral de Seseña (Toledo).
La que estaba llamada a ser la mayor urbanización de España, con 13.500 viviendas, se quedó en la mitad antes de que todo saltara por los aires con la crisis, convirtiéndose en un símbolo de los desmanes y excesos urbanísticos.
En su página Arys también promete “construir en el tiempo y presupuesto pactado” y cumplir sus compromisos con cada uno de sus clientes. Su aval, añade, es su experiencia de más de 30 años en el sector, lo que “proporciona una seguridad adicional a nuestras propuestas y hace que nuestro balance económico continúe en una línea ascendente”, con una facturación de 35,5 millones de euros en 2020 y una previsión para este año de aumentar hasta 40.
Pese a sus cifras y trayectoria, la constructora acumula deudas. Los afectados hablan de talones sin fondos y pagarés con fechas infinitas de cobro emitidos por parte de Arys, que ahora, además, se ha declarado en concurso de acreedores y entra en suspensión de pagos: “Los primeros pagarés los pagaba cuando vencían, pero una vez que se ha terminado la obra, como tienen plazos largos y retenciones, ya no paga ninguno”.
Es su modus operandi: “Se lo ha hecho a todos”, indican. Hay denuncias en diferentes puntos del país. Por ejemplo, la empresa vizcaína de alicatados Vck Bizkaia la ha llevado a los juzgados por unas prácticas que califican de mafiosas: “Nos ha dejado colgados y ahora tiramos como podemos”.
Mientras, las cinco empresas alicantinas -Fontanería Alfocea, Cerrajería Loymar, Comercial Frigorífica Oleza, Instalaciones y servicios Magaser y Sayzan Levante-, que han emprendido acciones judiciales, apuntan a que detrás hay todo un entramado. Es decir, “un tinglado montado y preparado para dar el palo, de forma planificada y premeditada”. A su juicio, “está todo estructurado para que no puedas tocar a nadie”.
Según explican, son como buitres que planean sobre el reguero de ruinas y esqueletos de edificios que dejó la burbuja inmobiliaria. En este caso sobre la puesta a punto de estas dos urbanizaciones rehabilitadas en un corto periodo de tiempo, que como tantas otras estuvieron abandonadas durante años, siendo el promotor Esla, Fondo de Activos Bancarios.
Dicho de otro modo, un mecanismo de baja fiscalidad para atraer inversores hecho a medida por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el llamado ‘banco malo’, ese organismo que el Estado diseñó en 2012 para cargar con el lastre de los activos tóxicos -créditos impagados, suelos e inmuebles sin acabar- que le traspasaron las entidades bancarias rescatadas.
Este instrumento financiero -para sacar al mercado la primera cartera con promociones a medio construir que vende la Sareb- le encarga el trabajo a Arys, que a su vez subcontrata a estas empresas locales por un volumen de negocio de unos 500.000 euros. Pero cuando se terminan las obras les deja unos 265.000 pendientes de pago, poniendo en peligro sus finanzas y hasta derivando en problemas de salud para unos gerentes destrozados que confiesan que una deuda así les quita las ganas de levantarse cada mañana.
Algunos de ellos arrastran créditos desde 2008, cuando la crisis les obligó a sacar préstamos e incluso a hipotecar sus naves para pagar a sus proveedores. “Cuando estás sacando un poco la cabeza te la hunden otra vez”, lamentan.
Precisamente, para limpiar los restos de la resaca de la década de la especulación la Sareb posibilitó subcontratar para echar mano de especialistas en el sector, con el propósito de liberar la pesada losa de los activos problemáticos, “optimizar su valor y venderlos ordenadamente siguiendo un modelo de gestión sostenible y responsable”, rezan sus propios objetivos.
Sin embargo, en este engranaje se sienten el último eslabón de la cadena. Es uno de los pufos que deja el fiasco de la Sareb, un fiasco porque nueve años después de su puesta en marcha sigue arrastrando un agujero de 35.000 millones de euros que Bruselas acaba de obligar a computar como deuda pública.
Por eso, tratan de desentrañar esta maraña en donde fallan las garantías de solvencia y las promesas de transparencia, pese a que “hay fondos públicos de por medio con los que se debería ser absolutamente escrupulosos”, manifiestan.
Se sienten estafados porque se trata de un impago que va más allá de la morosidad, tan habitual en el sector. Esto es: otros salen ganando con su trabajo de lavado de cara y de rescate de activos muertos, ahora rentables y cotizados.
Un negocio redondo que sin embargo a ellos les puede llevar a la ruina: “Lo compraron por cuatro duros, nos pusieron a trabajar, no nos pagan y ahora se van a enriquecer a nuestra costa”. Calculan que las 126 viviendas en San Miguel de Salinas pueden reportar un beneficio de 10 millones de euros.
De hecho, están a la venta en un popular portal inmobiliario, con precios que oscilan entre los 131.000 y los 270.000 euros, bajo la batuta de la inmobiliaria Efico Homes, cuya misión, según su propia web, es “ofrecer viviendas de calidad, enfocándonos en renovar aquellos inmuebles que quedaron olvidados en el ciclo inmobiliario anterior, transformando de forma sostenible espacios deteriorados en promociones llenas de vida y confort”.
Para que no se repita la historia
Pese a los beneficios, estas cinco empresas alicantinas no confían en que vayan a cobrar. “Son tiburones; tienen más poder y son más fuertes que nosotros”, concluyen. No obstante, exponen su experiencia porque este modelo se ha repetido en varios lugares del territorio nacional y “el problema es que lo van a seguir haciendo”.
Ahora, revelan, también en Valencia, donde se ha llegado a presupuestar una obra con el mismo promotor y la misma constructora solo que cambiando algunos nombres. “Hasta los empleados son los mismos”, sostienen, al mismo tiempo que muestran su frustración e impotencia: “Nos pusimos en contacto con Esla para explicarles lo que ha pasado y en vez de cerrarles el grifo les da más obras”.
Al Proyecto Esla le va a suceder el Proyecto Darwin bajo la gestión del Grupo Domo, anunció la Sareb en julio, para finalizar 5.600 viviendas que están repartidas por toda España. Valoradas en unos 300 millones de euros, casi el 90% de los bienes que se incluyen en esta cartera son obras paradas y al 50% de ejecución. Por regiones, la Comunidad Valenciana es la segunda con mayor volumen, con 1.142, solo por detrás de Cataluña (1.167).
“Sepa usted donde se mete”, advierten estos empresarios en la pancarta con la que reivindican su supervivencia.
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