“Resulta paradójico que los relatores se preocupen reiteradamente por las subvenciones que reciben algunas entidades, a la vez que desprecia a las víctimas del terrorismo etarra”
Miguel Barrachina
El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha señalado que “el informe de la ONU a petición de Sánchez es una broma que ni siquiera acierta con el nombre de la Comunitat Valenciana. Carece de valor porque está lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes”.
El síndic popular ha indicado que “del texto del informe se desprende un desconocimiento por completo de la realidad de nuestra tierra y del funcionamiento de nuestra autonomía: nos rebautiza como “Comunidad de Valencia”; atribuye un proyecto de ley al gobierno de Mazón, cuando lo que existe es una proposición de dos grupos; no tiene en cuenta que el texto actual es una propuesta abierta a enmiendas, que posteriormente hay un desarrollo reglamentario; todos los párrafos están llenos de juicios de intenciones, y además se dedica a lanzar sospechas arbitrarias utilizando el condicional “podrían”, “pueden”, “podrán”, y otras suposiciones que parecen más bien dirigidas a complacer al denunciante, ‘su Excelencia’ Pedro Sánchez, autor junto a Bildu de la ley de memoria democrática, que a dar una visión objetiva del texto”.
“También se equivoca cuando afirma que se incluye a la segunda República por primera vez, cuando ya estaba recogido en el texto de PSPV y Compromís. Y resulta paradójico que los relatores se preocupen reiteradamente por las subvenciones que reciben algunas entidades, a la vez que desprecia a las víctimas del terrorismo etarra”, ha añadido.
Para Miguel Barrachina, “es asombroso que solo hable del pasado que nos dividió ignorando un presente en el cual hay partidos políticos que niegan la existencia del terrorismo y de más de mil asesinados por la banda terrorista ETA, casualmente el partido que niega ese terrorismo es socio preferente del denunciante Pedro Sánchez”.
El síndic popular ha afirmado que “es un informe muy poco serio que deja mal a la ONU. La Proposición de ley que tramita Les Corts trata con exquisita precisión la igualdad de todas las víctimas de la intolerancia. Las de antes las de ahora, las de un lado y las de otro. Lo cierto es que por primera vez una Ley Concordia Democrática recoge a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país y a las víctimas del terrorismo, a las que reconoce nuevos derechos. De hecho, reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. Y el actual Consell ya ha iniciado 422 procesos de exhumación”.
“En realidad, la ley de Concordia no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política”, ha concluido.
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