El senador Carles Mulet ha reclamado en una moción la creación de una comisión de trabajo entre la administración valenciana y el Gobierno del Estado para abordar las deficiencias estructurales que se presentan en las condiciones laborales del sector turístico valenciano, con especial incidencia en la situación de las mujeres en este sector. Para ello propone la coalición que se abra una línea de trabajo específica entre el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres por parte del Estado y el Observatorio Valenciano del Trabajo Decente por parte de la Generalitat Valenciana, para abordar su situación en el sector turístico.
Mulet ha lamentado que siga persistiendo la “precariedad laboral”, a pesar de los gobiernos progresistas que no han acabado con la reforma laboral del PP de 2012. “Si bien es cierto que muchas empresas valencianas del sector están haciendo un trabajo extraordinario en cuanto al empleo de calidad y al desarrollo de un proyecto turístico sostenible y respetuoso con el medio, existe una realidad que no se puede negar como la que afecta a las kellys, que llevan años denunciando su explotación”, por ello ha propuesto que las subvenciones destinadas al sector turístico sirvan como instrumento para fomentar la calidad de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en la industria turística así como que se destinen más recursos humanos y económicos a la Inspección de Trabajo con el objetivo de incrementar la eficacia de la actuación inspectora en cuanto a la garantía de los derechos de las trabajadoras en todos los sectores productivos.
El senador ha puesto como ejemplo dos importantes leyes aprobadas en el País Valenciano, como son la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social y la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad, que incorpora herramientas muy útiles para la calidad del empleo y la defensa de los intereses y recursos valencianos como la prohibición en la Generalitat de contratar con empresas que operen o estén en paraísos fiscales o las cláusulas de responsabilidad social y de transparencia en la contratación pública. Asimismo, esta normativa condiciona que las ayudas se darán a empresas que lleven a cabo una política de prevención en riesgos laborales que mejoren la calidad de los puestos de trabajo.
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