No fue hasta el apartado final de ruegos y preguntas cuando llegó la parte más interesante de la sesión plenaria ordinaria que celebró ayer el ayuntamiento torrevejense. El concejal socialista, Miguel Seva Sober intervino para recordar la calidad de expulsado de las filas del Partido Socialista del todavía portavoz de este grupo, Manuel Vera Quiles, así como de las concejalas, María Jesús Díaz, Marisa Zafra y Guadalupe Díaz Aguilera. Seva recordó que en este sentido el secretario general socialista, Ángel Sáez había registrado un documento indicando la nueva situación y también a finales del pasado mes de julio hizo lo propio la secretaria general provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló, señalando además que pedía la aplicación de la ley y por tanto que los citados edíles pasasen al grupo municipal de los no adscritos. En este sentido Seva preguntó al alcalde si habían llegado estos documentos a su poder, y Hernández Mateo se limitó a responder que sí y que había respondido a Barceló sin obtener todavía respuesta. Miguel Seva apostilló que tenía conocimiento de que la secretaria general, Pilar Vellisca, está en posesión de estos documentos y volvió a preguntar al alcalde “cuándo pondrá fin esta ilegalidad”. Fue entonces cuando Hernández Mateo hizo un amplísimo repaso de la cantidad de documentos que ha recibido a lo largo del mandato desde el grupo municipal socialista, desde el acuerdo de expulsión de Dora Fernández, por parte del resto de concejales socialistas, pasando por las comunicaciones acerca de la expulsión de Manuel Vera Quiles, y también promovida por este último, la decisión de que pasen al grupo de no adscritos los ediles afines a la ejecutiva local socialista, Miguel Seva, Dora Fernández, y Antonio Torres. Ante tanto desconcierto el alcalde dijo que “no queda nadie sin expulsar de ustedes” y anunció que ha pedido a la Consellería de Administraciones Públicas que aclare la actitud que debe adoptar la alcaldía ante esta situación, aunque volvió a recomendarles que “se arreglen entre ustedes”.No fue hasta el apartado final de ruegos y preguntas cuando llegó la parte más interesante de la sesión plenaria ordinaria que celebró ayer el ayuntamiento torrevejense. El concejal socialista, Miguel Seva Sober intervino para recordar la calidad de expulsado de las filas del Partido Socialista del todavía portavoz de este grupo, Manuel Vera Quiles, así como de las concejalas, María Jesús Díaz, Marisa Zafra y Guadalupe Díaz Aguilera. Seva recordó que en este sentido el secretario general socialista, Ángel Sáez había registrado un documento indicando la nueva situación y también a finales del pasado mes de julio hizo lo propio la secretaria general provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló, señalando además que pedía la aplicación de la ley y por tanto que los citados edíles pasasen al grupo municipal de los no adscritos. En este sentido Seva preguntó al alcalde si habían llegado estos documentos a su poder, y Hernández Mateo se limitó a responder que sí y que había respondido a Barceló sin obtener todavía respuesta. Miguel Seva apostilló que tenía conocimiento de que la secretaria general, Pilar Vellisca, está en posesión de estos documentos y volvió a preguntar al alcalde “cuándo pondrá fin esta ilegalidad”. Fue entonces cuando Hernández Mateo hizo un amplísimo repaso de la cantidad de documentos que ha recibido a lo largo del mandato desde el grupo municipal socialista, desde el acuerdo de expulsión de Dora Fernández, por parte del resto de concejales socialistas, pasando por las comunicaciones acerca de la expulsión de Manuel Vera Quiles, y también promovida por este último, la decisión de que pasen al grupo de no adscritos los ediles afines a la ejecutiva local socialista, Miguel Seva, Dora Fernández, y Antonio Torres. Ante tanto desconcierto el alcalde dijo que “no queda nadie sin expulsar de ustedes” y anunció que ha pedido a la Consellería de Administraciones Públicas que aclare la actitud que debe adoptar la alcaldía ante esta situación, aunque volvió a recomendarles que “se arreglen entre ustedes”.El punto que suscitó más debate en el pleno fue el que trataba la moción presentada por el portavoz de Izquierda Unida, José Manuel Martínez Andréu, pidiendo el rechazo de la corporación al decreto de reforma laboral acordado por el gobierno. Fue el propio edil quien defendió su propuesta señalando que “van a ser los parados y los jubilados los que van a pagar una crisis de la que no son culpables” y calificó la reforma como “el mayor ataque a la sociedad en 32 años de democracia”. También auguró que se llegará a los cinco millones de parados en el país y abogó por la creación de una banca pública, acusando al PSOE de “engañar a los trabajadores”, haciendo un llamamiento a la participación en la huelga general del próximo 29 de septiembre. Martínez Andréu recibió respuesta del portavoz del PP, Joaquín Albaladejo, quien acusó a IU de proponer en su enmienda del congreso que se castigue con un 25 por ciento más de cuota empresarial a los autónomos en el caso de que contraten un empleado temporal. Igualmente el representante del PSOE, Manuel Vera, dijo que ningún concejal estaba a favor de la destrucción de empleo y dio las gracias al PP por rechazar la moción de IU y el portavoz de Los Verdes, tampoco dio su soporte cuestionando el texto. Al final, Martínez Andréu se quedó solo apoyando su propuesta, que contó con el rechazo de todos los grupos.
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