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El Partido Socialista de Torrevieja fiscaliza duramente varios contratos impulsados por el PP en el segundo pleno de fiscalización solicitado por los socialistas en unos meses

La portavoz del Grupo Socialista Bárbara Soler, durante un pleno (J. Carrión)

Este viernes 31 de mayo se ha llevado a cabo el pleno extraordinario de fiscalización en el que se han analizado varios expedientes en los que se han puesto de manifiesto irregularidades, algunas de las cuáles podrían ser constitutivas de delitos.

Expediente Dique de Levante

En este expediente se recoge el desistimiento del procedimiento por parte del Ayuntamiento al haberse cometido un error en la tramitación que ha supuesto la necesidad de comenzar de nuevo, con los perjuicios que conlleva para la culminación de las obras de remodelación de la zona portuaria y, además, ha implicado el pago de una indemnización a las empresas que participaban en la licitación que asciende a un total de casi 30.000 euros.

La portavoz socialista solicitó responsabilidades habida cuenta que durante toda la tramitación del procedimiento estuvieron presentes directores generales, puestos de designación política que cobran unos

100.000 euros anuales y que habrían demostrado una total falta de diligencia. Soler aseguró que el Sr. alcalde manifestó en la anterior sesión plenaria que las responsabilidades las asumiría él, pero que solo lo dice de palabra, “que empiece por poner los 30.000 euros”.

Expediente de tasación de un terreno rústico

Otro de los contratos fiscalizados es una tasación de suelo rústico que “ha costado más de 16.000 euros a todos los torrevejenses”. Para comprobar lo excesivo que resulta el precio, el grupo municipal socialista mostró tres presupuestos actualizados cuyo importe oscilaba entre los 600 y los 1200 euros. “Hemos pagado 15 veces por encima del precio de mercado y, además, la tasación no presenta toda la documentación que el contrato pide como contenido mínimo; ni hay planimetría ni se rellenan los anexos”

Los socialistas insistieron en que, además, son tareas que podrían realizarse por los propios técnicos del Ayuntamiento de forma gratuita, rechazando la decisión del Director General de Urbanismo de licitar la realización de este contrato alegando que el Ayuntamiento no disponía de medios humanos suficientes para hacer una valoración de un suelo rústico, cuando lo cierto es que la tramitación del expediente de valoración conlleva mucho más tiempo para los funcionarios del Ayuntamiento que el hecho de tener que hacer una valoración de un terreno.

Asimismo, Bárbara Soler analizó lo que está ocurriendo con los acuerdos marco, que si bien fueron pensados inicialmente para agilizar la contratación y que resultasen más favorables para el Ayuntamiento, lo cierto es que en Torrevieja “deben estar mal hechos” porque siempre resultan más lentos y gravosos, “no contienen precios de mercado tal y como establece la ley y dejan fuera de la posibilidad de licitar a la mayoría de empresas de Torrevieja”. Por último, la portavoz indicó que “es una vergüenza” que hayamos pagado “540 € por página, y estoy contando hasta la portada, el índice y la foto del final”.

Expedientes Proyecto Punta La Víbora

Para finalizar, se fiscalizaron también dos expedientes estrechamente ligados. Un contrato cuyo objeto era presentar un estudio con distintas soluciones para llevar a cabo la reurbanización en el área de Punta la Víbora, de las cuáles habría que escoger una para después llevar a cabo otro contrato de redacción de dicho proyecto.

Soler indicó que llamaba la atención que se calificara como urgente el contrato menor y se estableciera un plazo de ejecución de dos meses para presentar el estudio, cuando finalmente se presentó al Ayuntamiento un año y dos meses después. Además, fue muy crítica con que la memoria del informe de soluciones, “consta de 10 páginas, 5 de antecedentes que son datos proporcionados por el Ayuntamiento y un artículo de internet copiado palabra por palabra, hasta la foto. 17.000 euros”.

No obstante, “lo más grave”, según la portavoz, es que en toda la documentación presentada figure el nombre del Director General de Urbanismo designado por el alcalde, que además es el que dio el visto bueno al contrato a pesar de que se presentase un año después de haber finalizado el plazo. “¿Quién ha elaborado los documentos? Es un hecho muy grave”. Por si fuera poco, el contrato de redacción del proyecto que debía desarrollar la alternativa elegida en el contrato del estudio, se adjudicó y se entregó antes de que la documentación del estudio entrase en el Ayuntamiento, por lo que “el contrato de estudio previo habría quedado sin causa y podríamos estar hablando de fraude, de simulación de contrato, de malversación de fondos públicos y directamente de corrupción, todo ello con conocimiento y consentimiento del alcalde, que es, además, el concejal de urbanismo”.

Es un hecho muy curioso que, a pesar de que el primer pleno extraordinario se retransmitió como habitualmente en la plataforma de fb, el segundo no fue retransmitido. “Al alcalde no le gustan las críticas y menos con toda la documentación que avala el análisis de los expedientes llevado a cabo por el grupo municipal socialista”. Finalmente, Soler ha cuestionado el hecho de que el alcalde no respondiese a prácticamente ninguno de los asuntos planteados “y a lo que respondió, lo hizo con mentiras”.


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