Objetivo Torrevieja

Las preguntas pretenden conocer, entre otros temas, si las entidades financieras cumplen con sus obligaciones de información a las personas consumidoras, y si se sanciona desde la administración autonómica las prácticas y las cláusulas abusivas hipotecarias.

El pasado mes de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 6/2019, de 15 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. Esta modificación legal fue después incorporada al Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana.Se trata de una modificación legal nacida de diversos colectivos sociales antidesahucios como la Red de Solidaridad Popular “Soledad Díaz” de Torrevieja, Stop Desahucios Orihuela, Red de Solidaridad Popular Catarroja, Defiendente de Abusos Bancarios Alaquas y Stop Desahucios Valencia, y que fue trabajada y presentada en Les Corts por nuestro grupo parlamentario.
Dicha modificación tiene como objetivo fundamental que la administración autonómica sea la garante de los derechos de las consumidoras y usuarios en nuestra comunidad, en especial en el derecho a la información como medio para salvaguardar la defensa de sus intereses económicos y sociales en el ámbito de la relación hipotecaria y crediticia, frente a prácticas comerciales engañosas y desleales y cláusulas abusivas por parte, fundamentalmente, de entidades financieras con una posición de dominio.
Después de un año y medio desde la entrada en vigor de la nueva normativa, en palabras de Estefania Blanes León, perteneciente a EUPV y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Unides Podem, “tanto los colectivos sociales promotores como nuestro Grupo Parlamentario creemos que ha llegado el momento de evaluar el grado de cumplimiento de los nuevos derechos para las consumidoras y usuarios que se han introducido en la ley, tanto por parte de la administración como de las entidades financieras”, y añade, “queremos saber si ante los incumplimientos de las entidades financieras se está sancionado por parte de la administración. En definitiva, para la diputada de izquierdas “no basta con legislar nuevos derechos sobre el papel, las administraciones públicas tenemos la obligación de velar porque esas derechos se hagan efectivos en la práctica”.
Con estos objetivos, Estefania Blanes León miembro de EUPV y como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Unides Podem, ha presentado una batería de preguntas escritas dirigidas a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, sobre el desarrollo del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en concreto, se pregunta;

1-En relación a las prácticas y las cláusulas abusivas hipotecarias desarrolladas por las entidades financieras, se pregunta qué medidas concretas se ha adoptado en Consell para la protección de las personas consumidoras y usuarias y cuáles son las actuaciones de inspección y control desarrolladas en este ámbito, así como los expedientes sancionadores que la administración autonómica ha llevado a cabo ante entidades financieras incumplidoras.

2-En relación a la obligación de la administración de pública de publicar las prácticas o condiciones abusivas contractuales cometidas por las entidades financieras en materia hipotecaría, se pregunta el lugar de publicación y el detalle de la información publicada, correspondiente a la anualidad 2019.

3-En relación a la obligación que la nueva ley impone a las entidades bancarias, financieras y de crédito, de comunicar a las personas consumidoras y usuarias afectadas la titulización de préstamos hipotecarios (es decir, cuando la entidad ceda sus derechos sobre el préstamo a fondos de inversión ajenos), se pregunta si se ha comprobado por parte de la administración el cumplimiento de dicha obligación, así como las actuaciones previstas para su verificación y, en su caso, la información de los correspondientes procedimientos sancionadores resultantes de su incumplimiento.

4-Por último, la nueva ley plantea a la administración competente debe realizar campañas informativas y de formación para dar a conocer a las personas consumidoras y usuarias valencianas los nuevos derechos reconocidos en esta modificación legal, en este sentido, se pregunta si se han llevado a cabo estas campañas y el detalle de las mismas.

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