José M. Dolón LV
El Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Torrevieja tramita la presentación de una Moción para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal, una vez que sea debidamente estudiada y dictaminada por la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, en la que se solicita al Ayuntamiento que inste a la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas a que el nuevo Juzgado de Torrevieja ( Juzgado número 4 de primera instancia, y El Juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela se constituirá en Torrevieja, en virtud del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del día 23 de septiembre de 2010), se aperture con la debida y suficiente dotación de personal requerida para ello, sin proceder al consabido recurso de la reasignación de personal.
La propuesta hace referencia a la situación de precariedad y de escasez de plantillas que viene sufriendo la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana, debido a que el constante crecimiento de causas y de dependencias judiciales no se ha visto complementado con las correspondientes dotaciones de personal, lo que ha generado un importante desajuste que afecta negativamente al normal funcionamiento de los Juzgados.
Los Verdes se hacen eco de la reivindicación planteada por los trabajadores de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana y por sus representantes legales, aunque consideran que la situación de precariedad y de falta de personal que sufren los Juzgados de Torrevieja quedó meridianamente clara y plenamente justificada en el informe que dichos Juzgados remitieron al Consejo General del Poder Judicial para explicar y justificar el considerable retraso que sufría la causa penal seguida contra el Alcalde de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo, por el caso del millonario negocio de la compraventa de fincas de Almoradí y de San Miguel de Salinas con uno de los promotores que más construye en Torrevieja.
Los Verdes consideran que la Generalitat Valenciana tiene la obligación de asumir el compromiso de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia para poder hacer frente a la demanda de los servicios que presta a la comunidad en unas condiciones admisibles de calidad, y para ello es requisito imprescindible que los diferentes órganos judiciales dispongan de las plantillas de personal y de los medios requeridos para ello.
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