José M. Dolón en una rueda de prensa (Archivo O.T.)
(Nota de Prensa de Los verdes, 17.2.2014)
La falta de diligencia con la que el Ayuntamiento de Torrevieja viene tratando la formalización de las sesiones de suelo está generando serios problemas que afectan a importantes colectivos de ciudadanos del municipio, dificultando la prestación de servicios y produciendo un serio deterioro de infraestructuras y dotaciones de uso público.
No tiene ningún sentido la pasividad con la que se afronta este problema, toda vez que las urbanizaciones y residenciales afectados se encuentran terminados y habitados desde hace años, en algunos casos desde hace más de 20 años, sin que se haya procedido a tramitar la recepción de los viales, de las zonas verdes, de esparcimiento y de otras infraestructuras.
El Ayuntamiento de Torrevieja no está prestando muchos de los servicios que son de obligado cumplimiento para las Administraciones Locales, argumentando para ello que no se ha procedido a formalizar ante notario la cesión de los espacios públicos por parte del urbanizador o en su defecto por la comunidad de propietarios, cuando se trata de una competencia que tendría que ser asumida por el propio Ayuntamiento para tratar de resolver la problemática que genera el hecho de que no se produzcan las cesiones obligatorias de suelo.
Esta es la situación que desde hace años vienen reivindicando los vecinos de la mancomunidad de propietarios que conforman los seis bloques del Residencial Viñamar VII en la pedanía torrevejense de La Mata, que pese a tener un expediente abierto desde el año 2003 para proceder a escriturar los espacios públicos que deben de ser cedidos obligatoriamente por el urbanizador a favor del Ayuntamiento, estén todavía pendientes de resolver por no haberse procedido al otorgamiento de la preceptiva escritura notarial.
Desde el Grupo Municipal de Los Verdes consideramos que no es de recibo que se estén produciendo este tipo de situaciones, dilatando en el tiempo la solución de los problemas que afectan a los ciudadanos y permitiendo que no se concreten ni resuelvan los procedimientos administrativos y urbanísticos en los que el Ayuntamiento es parte esencial, que en su condición de gestor único de urbanismo, debe de exigir a quien corresponda el cumplimiento de sus obligaciones legales para evitar perjudicar a terceros, que en este caso son los propietarios que en su día adquirieron viviendas en el referido residencial de Viñamar VII.
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