Objetivo Torrevieja

La portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó, critica la falta de diálogo y consenso de Marzà en la implantación de un modelo lingüístico que no respeta el Estatuto de Autonomía ni las zonas castellano-hablantes

Beatriz Gascó – PP

En este sentido, la diputada popular ha señalado que “no es cierto que el 60% hayan escogido vehicular el valenciano ante la implantación de la ley en el próximo curso, sino que en la mayoría de casos es una decisión unilateral”. Beatriz Gascó ha indicado que “Marzà intenta vender como consenso un proceso que es una imposición. La estrategia que siguen es la misma que la de Pedro Sánchez con los indultos: intentar vender como necesario algo que no lo es y que no es más que una traición a los valencianos. Blanquean una imposición lingüística que el propio TSJ anuló y dijo que no se ajusta a derecho y no es legal por no representar la voluntad de las familias y que ni los consejos escolares ni la administración podían sustituir a las familias. Marzá sigue diciendo que todo está bien pese a que la Conselleria de Educación tiene más de treinta sentencias en contra. Han vendido la educación de nuestros hijos al nacionalismo”.

Para la portavoz popular, “no ha habido diálogo ni consenso. Difícilmente se va a conseguir nada cuando la esencia de la ley es que la administración velará porque al menos el 50% se imparta en valenciano y con un modelo único, eliminando las líneas en castellano”.

Gascó considera que “el conseller Marzá se ha cargado de un plumazo el Estatuto de Autonomía y se salta la ley a la torera, imponiendo estudiar en áreas no lingüísticas en valenciano en zonas que están exentas, en zonas castellano-hablantes”.

La portavoz popular ha señalado que “es un escándalo que Marzà diga que sale con el consenso de las familias porque en los consejos escolares las familias están representadas solo un 13%. Debería hacer una consulta vinculante a todas las familias. De hecho, este fin de semana podrá escuchar el descontento que esta ley provoca entre la ciudadanía”.

Gascó ha indicado que “es lamentable que Marzà defina este proceso como ganancia cuando lo que supone es un retroceso en las libertades. Imponiendo un modelo único jamás las familias van a tener opción de elegir. Marzà intenta blanquear un procedimiento que no se ajusta a derecho, impone una forma de pensar, ataca la libertad de las familias y genera una gran inseguridad jurídica en el profesorado. No se pueden arrebatar derechos y discriminar por cuestiones lingüísticas”.

Por último, Beatriz Gascó ha indicado que “para el PP la libertad lingüística es clave. Hay que defender el valenciano pero no imponerlo, respetando la legalidad, nuestra diversidad y las zonas castellano hablantes. Hasta ahora habían coexistido las dos lenguas sin problemas, pero Marzà se dedica a reavivar una guerra con la imposición. Por eso la primera norma que derogaremos será la ley de la imposición lingüística porque, lejos de ayudar a los alumnos, lo que consigue es penalizarlos. Desterrar el castellano de las aulas no tiene nada de pedagógico”.

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