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Otro ‘error’ administrativo descubre más gastos del móvil del edil Montoro

El concejal de Obras califica de «rídiculo» que el portavoz de Los Verdes utilice lo que ha sido «el despiste de un funcionario»

F. REYES | LA VERDAD

Javier Montoro – Concejal de Obras

El grupo municipal de Los Verdes quiere mantener vivo el tema de las facturas de la telefonía móvil de ediles y personal de confianza del gobierno municipal del PP, sobre todo de cara a la celebración del Pleno extraordinario de fiscalización que han solicitado ediles de los tres grupos de la oposición.
Precisamente la solicitud del Pleno fue realizada, a petición del grupo del PSOE, con las firmas de seis ediles, y según manifestó ayer el portavoz ecologista, José Manuel Dolón, «parece que ahora son necesarias las firmas de siete concejales», lo que hará que se tenga que rehacer la solicitud y su convocatoria, bien a cargo del alcalde o en su defecto por la secretaria, lo que lo retrasará alguna semana más la sesión.
Mientras, como adelantó hace unos días el propio portavoz ecologista, el alcalde les ha facilitado una serie de facturas de la compañía Vodafone, con los totales de consumos en los móviles de los concejales correspondientes al año 2011, con motivo de la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de ese año.
Entre estas facturas, señaló Dolón, «se ha despistado una detallada del uso de un móvil durante los meses de mayo y junio, que corresponde al actual concejal de Infraestructuras y Obras, Javier Montoro». El concejal de Los Verdes no supo encasillar muy bien a qué mes correspondía, que dijo que «asciende a 198 euros y a 574 euros» y sostuvo que el ‘despiste’ de un funcionario a la hora de pasarla «es sospechoso de un ajuste de cuentas, ya que después del Pleno en el que se trató sobre el mal uso de los moviles, fue el único que reconoció un exceso de gasto y que abonaría lo gastado de más».
Las apreciaciones del grupo Los Verdes las valoró ayer el propio Montoro, quien calificó el asunto de «rotundamente ridículo» y justificó que se trata de «un error del funcionario a la hora de fotocopiar las facturas», Igualmente señaló que «no hay ninguna animadversión con ningún miembro del gobierno» por parte del personal municipal y añadió que «si en algún momento el alcalde desconfía de mi o lo insinúa, al minuto estaré presentando mi dimisión, porque sigo a las órdenes de Eduardo Dolón desde el primer hasta el último minuto». El concejal quiso aclarar que la citada factura corresponde al mes de mayo de 2011 «y con los descuentos asciende a 198 euros».
Por otro lado Dolón afirmó en su comparecencia que «no se nos ha facilitado el resto de facturas, por el mal uso que se ha hecho de forma reiterada» y djo que a pesar del escrito del alcalde en el que señala que no facilitará las facturas amparándose en el artículo 18 de la Constitución de preservación del derecho a la intimidad de las comunicaciones, han encargado un informe jurídico que harán público próximamente y que dice lo contrario.
Igualmente anunció que entre las facilitadas, no hay constancia de las que corresponden al teléfono del alcalde en su época como concejal de Cultura y Fiestas y que por esa cuestión tiene previsto solicitar las correspondientes a los órganos autónomos del Instituto Municipal de Cultura y del Patronato Municipal de Habaneras.
El portavoz ecologista arremetió contra el alcalde, al que acusó de no tener «credibilidad y legitimidad, y aparece como un títere de quienes realmente mueven los hilos de la política local». Igualmente dijo que «lo que debería hacer es irse y dejar el cargo o obligar a dimitir a todos los implicados en el asunto de los móviles».
El representante de Los Verdes se quejó, una vez más, de que no han recibido los resguardos detallados de los consumos de los ediles y del resto del personal adscrito al equipo de gobierno. Señaló que con lo recibido hasta ahora, «no nos han dado ni la cuarta parte de lo que hemos pedido». En este sentido dijo que su grupo seguirá «exigiendo transparencia para que los ciudadanos conozcan el verdadero alcance» de una polémica que volvió a claificar como «malversación de fondos públicos».


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