Objetivo Torrevieja

La portavoz socialista Bárbara Soler acusa al alcalde de votar en contra de la fiscalización, bloquear informes y minimizar un importante perjuicio económico para las arcas municipales

Bárbara Soler, portavoz Grupo Socialista Ayto. Torrevieja

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado en el pleno extraordinario de fiscalización celebrado esta mañana que el Ayuntamiento de Torrevieja lleva más de 160.000 euros abonados en concepto de derechos de autor que, según el contrato vigente, debía asumir la empresa adjudicataria de la gestión cultural, ESATUR- Media Pro, y no las arcas municipales.
Durante el pleno, la portavoz socialista, Bárbara Soler, expuso que el contrato es claro y categórico en cuanto a la obligación de pago de los derechos de autor.
“El contrato no deja lugar a dudas: la gestión y el pago de los derechos de autor corresponde en todo caso al adjudicatario del contrato. En este caso, a ESATUR-Media Pro. Sin embargo, estos pagos los estamos asumiendo todos los torrevejenses con dinero público”, afirmó Soler.
La portavoz socialista recordó que esta obligación aparece recogida de forma literal en la cláusula 8.5.1 del contrato y se repite en la cláusula 10.5, y que, pese a ello, el Instituto Municipal de Cultura (IMC) ha venido pagando estos derechos con fondos municipales sin que posteriormente se haya ejercido ninguna acción de repetición contra la empresa, es decir, sin reclamarle el reintegro de las cantidades abonadas indebidamente.
Soler denunció también que este pleno no era el que el PSOE había solicitado inicialmente, ya que el equipo de gobierno del PP ha denegado puntos del orden del día, ha bloqueado la solicitud de informes técnicos, jurídicos y de intervención y ha impedido el acceso completo a la información económica del contrato.
“Estamos ante un atentado directo contra nuestros derechos fundamentales como concejales. Se nos ha impedido analizar todos los pagos realizados al amparo de este contrato. Tendrán sus motivos”, señaló la portavoz socialista.
Durante su intervención, Soler desmontó la explicación ofrecida por el alcalde, quien justificó los pagos alegando que el Ayuntamiento debía asumir los derechos de autor de las actividades cuya taquilla ingresa el consistorio, mientras que ESATUR solo paga los de aquellas cuya recaudación recibe la empresa.
“Esa explicación no se sostiene ni en el contrato ni en la realidad. Son obligaciones que las empresas que licitaron aceptaron y asumieron en su momento. Aceptaron que el Ayuntamiento se quedaría con la recaudación de las actividades y aceptaron que debían pagar los derechos de autor de esas actividades. Y a cambio reciben el importe del contrato. Y no hay ninguna cláusula que sostenga la postura que ha dado el Sr. alcalde”, explicó Soler.

Lejos de aclarar el fondo de la fiscalización, el alcalde optó por desviar el debate hacia la celebración del pleno en fechas navideñas y por elogiar la gestión cultural de la empresa adjudicataria. Según denunció el PSOE, cuando se vio acorralado, llegó a afirmar literalmente que “a los ciudadanos no les importa quién pague los derechos de autor, solo están pensando en la próxima programación cultural”.
“Esa frase es gravísima. Al alcalde sí debería importarle quién paga y quién no paga lo que corresponde, porque estamos hablando de dinero público y de una obligación contractual que no se está cumpliendo”, subrayó Soler.
La portavoz socialista reprochó además al alcalde que asegurase que el pleno era “infumable” porque el expediente contaba con 400 documentos, cuando en realidad son 710. “Que solo se haya leído 400 explica muchas cosas y corrobora que no tiene ganas de trabajar en navidad, a pesar de lo que cobra” ha afirmado Soler.
“No hay informes en contra de los pagos porque ustedes no permiten que se elaboren. No pueden decir que no existen informes cuando son ustedes quienes bloquean su emisión”, añadió.
En su segundo turno de intervención, Soler recordó que, aunque la SGAE pueda reclamar el pago directamente a los ayuntamientos como promotores de las actividades, existe abundante jurisprudencia que establece que las administraciones tienen derecho a ejercer posteriormente la acción de repetición contra la empresa obligada por contrato.
Para hacerlo comprensible, utilizó una analogía clara: “Imaginemos que somos propietarios de una casa y la alquilamos. En el contrato de alquiler se establece que el inquilino debe asumir los gastos de suministros; agua, luz… etc. Sin embargo, no cambiamos el nombre del titular frente a las compañías e Iberdrola nos reclama el pago de unas facturas impagadas. A Iberdrola no podemos imponerle un contrato privado para que le reclame el pago a un tercero. Ese contrato solo nos vincula a nosotros con nuestro inquilino. Pero después ejerceremos nuestro derecho de repetición contra nuestro inquilino. Esto es, le reclamaremos que nos abone las cantidades que hemos satisfecho nosotros pero que le correspondían a él por contrato. Que es justo lo que debería pasar aquí”.
Además, según denunció la portavoz socialista, el PP solo busca confundir a los ciudadanos con excusas sin base legal. Prueba de ello es que en el propio expediente, en un documento fechado en 2024, el técnico del contrato solicitó a la empresa información sobre si había pagado los derechos de autor de determinadas actividades, reconociendo explícitamente que esa obligación era de la adjudicataria. Esa comunicación nunca obtuvo respuesta y el asunto quedó paralizado.
Para el Grupo Municipal Socialista, las evasivas del equipo de gobierno y el bloqueo sistemático a la fiscalización solo generan más dudas.
“¿Por qué el PP no quiere que se fiscalice este expediente?

¿Por qué prefieren que estos pagos salgan del bolsillo de todos los torrevejenses en lugar de exigirlos a la empresa, como marca el contrato?”, se preguntó Soler, añadiendo además la existencia de posibles conflictos de intereses, ya que algunos miembros de la corporación tienen o han tenido familiares trabajando en la empresa adjudicataria “y sin embargo han votado en la fiscalización”.

“Nosotros lo hemos intentado todo para que este asunto acabase en vía administrativa: Lo hemos intentado en el Instituto Municipal de Cultura y en este pleno. Lo han bloqueado todo. Solo nos queda decir que las explicaciones que han evitado dar a la ciudadanía las tendrán que dar en sede judicial”, concluyó la portavoz socialista.

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