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Torrevieja se adhiere a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias

La aseguradora, dejará sin póliza de seguro de vida a los empleados a partir de marzo

Fanny Serrano, secretaria de la JGL (Foto: J. Carrión)

En la mañana del pasado viernes, la Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Torrevieja a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contratar las obras, servicios y suministros que ofrece esta entidad en las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o conforme a los acuerdos marcos que se suscriban, según ha informado la edil Secretaria de la Junta, Fanny Serrano.
Serrano ha explicado que se ha adoptado este acuerdo por la necesidad urgente de contratar la póliza de seguro de vida de la plantilla del Ayuntamiento ya que la actual aseguradora ha denunciado el contrato y no prorrogará el servicio a partir de la finalización del mismo, en el mes de marzo de este año. Además, ha apuntado que a las ventajas de ahorro y eficiencia que acompañan a la contratación centralizada de servicios, la adhesión a la central de contratación también asegura al Consistorio que se cumplan todos los requerimientos legales a la hora de contratar con alguna de las empresas licitadas.
En la JGL también se han tratado varios temas judiciales, en concreto, dos recursos interpuestos contra el Ayuntamiento relacionados con la liquidación de la plusvalía. Fanny Serrano ha dicho que “acumulamos una serie de recursos contenciosos administrativos desde que el tribunal constitucional anuló la regulación de la Ley de Haciendas Locales que establece la no existencia de hecho imponible cuando se ha producido una perdida de valor entre la fecha de compra y venta” Esto provoca, según la edil, una indefensión e inseguridad jurídica en los Ayuntamiento por lo que reclama “una regulación legal por parte del Gobierno Central de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional”.
Por otra parte, ha acatado una sentencia en la que se considera prescrita la infracción urbanística cometida por una urbanización por el cerramiento de un vial.


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