Entre 19 y 31 muertos, 89 desaparecidos, un millar de detenidos y 1.443 denuncias de violencia policial son las víctimas de la violencia policial
Colombianos de Torrevieja contra su gobierno (J. Carrión)
Un reducido grupo de colombianos se concentró en la tarde de ayer en la Plaza de la Constitución para mostrar su repulsa contra el Gobierno del Presidente de su Pais, Iván Luque, que a raíz del paro nacional contra la reforma tributaria del Ejecutivo, dio paso a la represión policial de unas protestas que ya dejaron al menos 24 muertos
La revuelta ciudadana colombiana se desató con un paro nacional el 21 de noviembre del 2019 y solo se detuvo en marzo del año siguiente por el coronavirus. El saldo fue de tres muertos y cientos de heridos, en unas protestas que reclamaban a Duque mejoras sociales y económicas, a semejanza de las movilizaciones chilenas. En septiembre pasado la muerte del estudiante Javier Ordóñez provocó una segunda ola de la revuelta que se prolongó durante dos semanas y dejó 13 muertos.
Que Duque haya sacado a los militares a las calles solo ha logrado soliviantar más a los manifestantes, una de cuyas reivindicaciones es la desaparición del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), al que se atribuyen la mayoría de muertes y abusos. El presidente dijo que no descarta declarar el “estado de conmoción nacional” –una suerte de estado de alarma– como le piden los halcones de su partido, el uribista Centro Democrático (CD).
Mientras en las calles de Bogotá, Medellín o Cali comenzaban las marchas y Duque realizaba una declaración pública en la Casa de Nariño donde defendía el derecho legítimo a las demandas sociales, pero condenaba la violencia vandálica de cada día tras las movilizaciones pacíficas. Duque calificó de “vandalismo extremo y terrorismo urbano, financiado por las mafias del narcotráfico”, los incendios de comisarías o autobuses, así como los saqueos de bancos y comercios. “La amenaza vandálica consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas demandas sociales”, dijo el presidente, que ofreció 10 millones de pesos (unos 2.100 euros) a quien dé información para detener a los violentos.
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