El bufete “Chapapría&Navarro y Asociados”, que representa a Sociedad Civil, seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias que los responsables políticos del delito del 1 de octubre cumplan con las penas que impuso el Tribunal Supremo.
Oriol Junqueras y Carles Puigmont
La decisión adoptada por el Gobierno de la Nación es de una gravedad histórica extraordinaria puesto que erosiona la fortaleza y la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional por parte del nacionalismo. Cuando el separatismo plantee un nuevo desafío -que lo hará- encontrará más débil al Estado ya que carecerá de algunas de las principales herramientas para defender su integridad.
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha comparecido esta mañana anunciando que el objetivo de esta reforma no es otro que el de homologar los tipos penales y las penas al resto de países europeos; sin embargo, ahora mismo hay una serie de condenados por el TS que se beneficiarían de esta reforma que no es una necesidad del Estado y cuya preocupación reside en que lo más probable es que esta se corresponda a unas necesidades políticas que debilitan al Estado.
Desde el bufete seguiremos trabajando para que el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscales, Jueces y Magistrados no se vea tirado por la borda, cumpliendo una doble labor ante el Tribunal de Cuentas, como representantes de SCC, y como profesionales que consideran que han de defender todo lo que representa la Justicia en mayúsculas, para lograr que, los ya condenados por el Tribunal Supremo, respondan contablemente de sus actos
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