Opinión: La salud y la seguridad, un derecho fundamental en el trabajo

Silvia Catalán
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales
CCOO Vinalopó-Vega Baja

El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las compañeras y compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral y para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de estos daños. Posteriormente la Organización Internacional de Trabajo (OIT) la institucionalizó como Día Internacional para la salud y la seguridad en el trabajo.

La salud y la seguridad en el trabajo deberían ser cuestiones de primer orden en la agenda política a nivel mundial, pero desgraciadamente no es así. En nuestro país mueren cada año más de 700 trabajadores y trabajadoras; concretamente en la provincia de Alicante en el año 2020 fallecieron 18, evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es más formal que real. Tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos, los daños a la salud en el trabajo siguen estando presentes en nuestro día a día. Seguimos lejos de alcanzar el objetivo que se marcó de conseguir interiorizar la prevención de riesgos en las empresas, al contrario, tenemos que seguir denunciando la mercantilización de la salud laboral.

La falta de cultura preventiva entre el tejido empresarial, unida a la inestabilidad laboral y a las condiciones precarias de empleo, caracterizadas por la enorme temporalidad y parcialidad de la contratación, generan el caldo de cultivo perfecto para el deterioro de la salud laboral. Las reformas laborales supusieron un punto de inflexión en la extensión de un marco de relaciones laborales determinado por la precariedad que tuvo como consecuencia el inicio de un repunte en la siniestralidad en 2013.

La precariedad mata, y desde ese año 5.183 personas han perdido su vida en el trabajo en España. La derogación de la reforma laboral de 2012 es el primero de los pasos que debe darse para garantizar la protección de la seguridad y salud en el trabajo. La clase trabajadora debe recuperar sus derechos, por lo que debe avanzarse para restablecer un modelo de relaciones laborales que genere empleos libres de riesgo, de calidad y con salarios dignos.

Este 28 de abril toca hacer balance de un año de pandemia de COVID-19 y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública. Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades.

Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. Desde CCOO , consideramos insuficiente esta medida y exigimos que la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.

Y 2021 debe ser el año que marque el inicio del fin del inmenso problema del cáncer de origen laboral. La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral es un grave problema que está privando a los afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional. Desde CCOO vamos a presionar para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. Seguiremos reivindicando la trasposición de la Directiva para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, entre las que se encuentra el gas radón, que causa cáncer.
Por otro lado, este mismo mes de abril ha comenzado la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una reivindicación formulada desde hace décadas por los sindicatos y las asociaciones de víctimas.

Es evidente que aún queda mucho por hacer; es el momento de acometer cambios normativos para adaptarnos a las nuevas realidades, pero, sobre todo, que mejoren la protección de la seguridad y la salud de las persones trabajadoras, siendo conscientes de que esto es tan solo una parte del problema, ya que tenemos que solucionar también el altísimo grado de incumplimiento de la normativa existente, intensificando los mecanismos de garantía de la efectividad del cumplimiento. Insistimos en la necesidad de dotar para ello de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como a los organismos de referencia en salud laboral, como el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La salud y la seguridad en el trabajo seguirá siendo una de las líneas prioritarias de nuestra acción sindical, tal y como lo demuestran día a día en los centros de trabajo nuestros principales agentes: las delegadas y los delegados de prevención. Como cada año, desde CCOO recordamos a los trabajadores y trabajadoras que han sufrido las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales, y continuaremos denunciando las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social.

Son muchas las voces que han insistido en que tras la pandemia se configurará un mundo diferente. Desde CCOO trabajamos para que, en ese hipotético nuevo mundo, el trabajo sea digno, de calidad y libre de riesgo. Que no se antepongan otros intereses a la salud o a la vida de las personas. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud.

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