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El Ayuntamiento tramita vía express la autorización para usar el agua de la Edar

(Nota de prensa, Los Verdes, 10.08.2011)

El Ayuntamiento de Torrevieja lleva varios meses tratando de conseguir que la Confederación Hidrográfica del Segura autorice la concesión administrativa para poder reutilizar las aguas depuradas de la E.D.A.R. para el riego de jardines públicos y el baldeo y limpieza de las calles, todo ello tras ser multado con una sanción económica y ser obligado a clausurar la toma por la que se derivaban los caudales que venían siendo utilizados hasta dicho momento sin disponer de la preceptiva autorización del organismo de cuenca. Tras varios años de desavenencias, el Ayuntamiento se ha visto obligado a tener que tramitar la correspondiente autorización administrativa en cumplimiento de la Ley de Aguas y del reglamento que la desarrolla, para lo que ha tenido que presentar un proyecto para la concesión del agua regenerada procedente de la depuradora de Torrevieja. Paralelamente al expediente administrativo que se viene tramitando ante la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ayuntamiento  de Torrevieja también ha tenido que recabar la cesión de parte de los caudales que hasta la fecha eran gestionados por las Comunidades de Regantes de La Pedrera y Torremiguel,  que eran las dos únicas entidades que disponían de la preceptiva concesión administrativa para poder reutilizar las aguas procedentes de la referida E.D.A.R. El proyecto que viene tramitando el Ayuntamiento de Torrevieja  tras haber mantenido durante varios años un largo  enfrentamiento con la C.H.S., se denomina “ Petición de concesión provisional y en precario de 200.000 metros cúbicos al año de aguas residuales regeneradas en la EDAR de Torrevieja “, y su objetivo sería el de tratar de regularizar jurídica y administrativamente la situación de ilegalidad con la que se han gestionado los caudales procedentes de la depuradora. Los Verdes se felicitan del cambio de actitud del Partido Popular, que finalmente ha optado por asumir sus obligaciones legales ante el organismo de cuenca, dejando de lado su anterior política de insumisión al cumplimiento de la Ley de Aguas, aunque lamentan las sanciones económicas que dicha situación ha originado, que como siempre tendrán que ser abonadas por los contribuyentes, librándose de ello los responsables políticos, que como viene siendo habitual, no han estado a la altura del cargo que ocupan y del sueldazo que cobran.


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